8 de noviembre de 2008

El Juez Calatayud de Granada, España

Las sentencias ejemplares del juez Calatayud
El magistrado granadino, conocido por condenar a jóvenes con aprender a leer, sacarse el graduado o hacer el camino de Santiago, presentó en Madrid su libro 'Mis sentencias ejemplares' donde repasa curiosas anécdotas, éxitos y fracasos.
El juez Emilio Calatayud. /Antonio M. Xoubanova- EMPEDRO SIMÓN- 15 OCT 2008- MADRID (EL MUNDO)
La acusada estaba frente al juez con cara de vaquilla nervuda a punto de embestir. Y su señoría salió manso en plan José Tomás, a hacerle faena. -A veeer, ¿y se puede saber por qué le pegaste una paliza a esta compañera de instituto? -Porque me miraba mal. -¿Te miraba mal? -Sí, me miraba mal. -Ya. ¿Y qué le dijiste? -Pues le dije: "¿Y tú qué pollas miras?". Y la inflé. -Ya. ¿Te miraba mal? -Sí, sí, claro. -Bueno, pues como veo que te preocupa mucho tu aspecto, te voy a condenar a estar 50 horas limpiando espejos. Para que analices a ver si te miraba mal.
Reventamos el candado de la celda y le quitamos la toga. Porque otra Justicia es posible con el juez Emilio Calatayud. Gamberros condenados a colaborar con un centro de discapacitados por mofarse de uno de ellos, jóvenes que tienen que pagar su falta ayudando a los bomberos, proyectos de cacos que tienen que hacer el Camino de Santiago y hasta alguna pena alegre que consiste en aprender a leer y a escribir.
El corolario está en el libro 'Mis sentencias ejemplares' (La Esfera de los Libros), presentado ayer y escrito a cuatro manos con el periodista Carlos Morán. Porque no hay menores delincuentes, sino menores que cometen actos delictivos.
Desde 1988, Calatayud se encarga del Juzgado de Menores de Granada, donde arrastra una feligresía de condenados y un aura de santo laico.
A veces le pasa que cuando impone las manos hay milagro: hackers que han acabado como profesores de informática, reventadores de casas que han acabado poniendo una ferretería, o carreras militares que se fraguaron al calor de la Justicia reparadora.
"El tío era un canalla que tenía atemorizado a todo el barrio del Albaicín. Cuando dicté sentencia le dije que le suspendía la medida si se metía en el Ejército... Hoy es cabo y tiene 200 hombres a su mando".
A Emilio Calatayud no le pega la toga ni eso de hacerse llamar "su señoría". A lo mejor es porque a sus 52 años se ha acostumbrado a meterse como nadie en la piel de uno de 16."¿Quién no se acuerda de los veranos de la adolescencia? El tiempo era eterno entonces, ¿verdad? Tres meses a los 14 años eran una vida. ¡Cómo no tenerlo en cuenta a la hora de condenar a un chiquillo!", dice. "¿Quién no ha robado algo alguna vez en El Corte Inglés? ¿Quién no ha cogido alguna vez el coche con una copa? ¿Quién no trapichea con internet? Todos ellos son actos delictivos. Lo que pasa es que no nos pillan".
El chaval había dejado a los cinco años la escuela. "Lo cogió un chorizo y lo puso a robar material de albañilería. Era más bruto que un arado. Bueno, tan bruto era que la carretilla que iba a robar no salía por el agujero que hizo en la pared. No sabía sumar ni restar y trabajaba a destajo. Le dije: 'Hombre, si no sabes de números te van engañar en la vida'. Le condené a leer y a escribir. Y aprendió. Yo mismo le examiné".
Tengo sentencias para los niños pijos
Sucede a veces que el acusado necesita otro jarabe. "Tengo sentencias para los niños pijos de Granada. Uno me destrozó el calabozo. Estaba detenido por darle una paliza a sus padres y quería ser monitor de esquí, lo que quieren ser los niños pijos de Granada para ligar más. Pintó en el calabozo: 'Víctor quiere a Ana'. Pues nada. Le puse seis meses de internamiento y seis de libertad vigilada por lo de la paliza. Y le cité por lo de los destrozos.-¿Reconoces que lo hiciste tú? -Sí -me dijo. Le condené a limpiar la fachada de los juzgados, que suele tener pintadas muy difíciles de quitar. -¿Cómo se limpia la fachada? Y los ingenieros de la Junta, con su sapiencia característica. -Uy, tiene muy mala follá. Así que le di unos guantes y una lija y allí lo puse. 50 horas. La fachada se me mantiene limpia bastante tiempo ya. Cuando se va poniendo guarra, la Policía me avisa. -Señoría, ya haría falta que alguno...».EL MUNDO

Calatayud, el juez de las sentencias pedagógicas
Esther G. Robles- 16/10/2008 (ANDALUCÍAeduca)
Condenó a un joven que había ‘crackeado’ varias empresas a recibir cien horas de clases de informática; obligó a aprender a leer y a escribir a un muchacho analfabeto acusado de robar material de construcción; e impuso a un chaval que conducía una motocicleta sin seguro un castigo tan singular como el de dibujar un cómic narrando el delito que había cometido. Es el juez de Menores de Granada, Emilio Calatayud, algunas de cuyas sentencias ejemplares han sido ahora incluidas en un libro en el que se recogen “anécdotas, éxitos y fracasos” de sus veinte años de ejercicio como magistrado.
Su fama ha traspasado las fronteras españolas. Comenzó a ser popularmente conocido cuando condenó a un adolescente de 15 años que había robado una carretilla de obra a aprender a leer, pues pensó que era “lo mejor para la sociedad” y para este chico, que “era más bruto que un arado”, según recuerda el propio togado. “Había dejado la escuela a los cinco años y un delincuente profesional le comió la cabeza para que perpetrase el delito; desde entonces, el joven no ha vuelto a tener problemas con la Justicia”.
A partir de ese caso, mucho de los menores que han pasado por su sala han sido sentenciados a recibir clases, a sacarse el graduado escolar, a colaborar con instituciones o hacer el camino de Santiago. No obstante, su fama su expandió después de que un anónimo colgara en internet una charla que pronunció sobre su punto de vista a la hora de ejercer la magistratura, una conferencia que cuenta con más de dos millones de visitas directas. Pese a todo, Calatayud admite no entender su éxito y asegura ser, simplemente, “un producto de los medios de comunicación”, hasta el punto de que algunos ciudadanos cuando lo reconocen, le paran para elogiar su labor. “Y en estos tiempos que corren, que feliciten a un juez por la calle es de agradecer”, reconoce.
Entre sus fallos judiciales más peculiares se encuentra aquel en virtud del cual condenó a un chico a escribir una redacción de cien folios sobre el buen uso de internet. El imputado había sido llevado ante los tribunales por componer una canción, y subirla posteriormente a la red de redes, en la que insultaba a sus profesores, a los que acusaba de fumar hachís. Tras haber sido denunciado por injurias graves, Calatayud decidió condenarle a elaborar un texto acerca de la utilización positiva de las nuevas tecnologías de la comunicación, castigándole, además, con rehacer la canción, para que incluyera elogios a sus maestros.
No obstante, “una de las sentencias que más uso es la de obligar a sacarse el graduado escolar o el carné de conducir; si no, les quitó el BMW ese que sé que llevan”, afirma el titular del Juzgado de Menores de Granada.
La necesidad de acercarse a los ciudadanosPara el magistrado, un fallo de la Justicia es “que no se acerca a los ciudadanos”, cuando en su opinión, “la clave del éxito es usar un lenguaje entendible para los jóvenes y sus padres, que son los verdaderos protagonistas”. “Una de las cosas que siempre he reprochado al anterior Consejo General del Poder Judicial es que no ha sabido vender bien el trabajo de los jueces”, y eso que “el 95 por ciento se deja piel” en su labor, asevera Calatayud, quien rechaza la posibilidad de emprender nueva reforma de la Ley del Menor, abogando por aplicar convenientemente la actual.
Respecto a su carrera, sostiene que el perfil de sus procesados ha cambiado en los últimos años: si bien “al principio eran chavales marginales los que nos llegaban (eran los tiempos en los que empezaban las drogas duras y los que pasaban por el juzgado eran unos pobres desgraciados)”, actualmente “las distintas clases sociales se han igualado en cuanto a los delitos de menores”. En concreto, se refiere a los cometidos por la clase media, como “los delitos informáticos, las agresiones grabadas con los teléfonos móviles o el policonsumo de drogas que derivan en trastornos mentales o incluso en ludopatías”. Y es que, “a la clase media le cuesta más acudir a los servicios sociales porque consideran que es de pobres”, lamenta el juez, quien hace un llamamiento a los padres para que se conciencien de su responsabilidad frente a sus hijos.
El éxito de sus pedagógicas sentencias se ve reflejado en casos como el de un joven que robaba casas forzando cerraduras y que hoy en día regenta una ferretería, o el del chaval que tenía a todo un barrio de Granada atemorizado y a quien el magistrado la propuso retirarle la condena a cambio de que se alistase en el Ejército. Actualmente, el muchacho es cabo y tiene a doscientas personas a su cargo. Otro de sus fallos judiciales más destacables es el que emitió en 2001, cuando obligó a una joven que había agredido a una compañera porque le había mirado mal a limpiar espejos durante 50 horas, para que así la imputada pudiera verse reflejada en ellos, y entendiera por qué la observaban de esa forma.
Escrito por el periodista Carlos Morán, el libro ‘Mis sentencias ejemplares’ (La Esfera de los Libros) recoge las anécdotas más llamativas de los veinte años que Emilio Calatayud lleva ejerciendo como juez de menores, un juez que defiende que los jóvenes que cometen un delito no tienen por que ser delincuentes, pues a este perfil tan sólo responde un 15 por ciento de los chicos que pasan por su juzgado. Por ello, antes de dictar cualquier sentencia, siempre es asesorado por un grupo de psicólogos que le aconsejan sobre qué es los más conveniente para cada caso.
DATOS INTERESANTES
► Carlos Morán califica a Calatayud como un juez conservador y revolucionario, inconformista y solidario, que defiende que todo el mundo puede equivocarse, y más en el proceso de aprendizaje de la juventud, por eso sus decisiones siempre tratan de reeducar y sacar lo mejor de cada menor.
► En ‘Mis sentencias ejemplares’, el juez narra cómo empezó su andadura, ofrece su opinión sobre la educación que los padres dan a sus hijos y expone los casos que más sorpresa han despertado en la sociedad. Además, el libro incluye la transcripción de su famosa conferencia.
► El ilustrador del libro es Enrique Ruiz, a quien el juez condenó cuando aún era un adolescente a dibujar un cómic por conducir una moto sin seguro. Se trata de una de sus sentencias más llamativas, junto con aquella en la que obligó a unos gamberros a colaborar con una institución de asistencia a personas con discapacidad por mofarse de un minusválido.
► Conocido con el sobrenombre del ‘padrazo’, ha juzgado a más de 10.000 jóvenes, imponiendo castigos como cien horas de servicio a la comunidad patrullando junto a un policía local por haber conducido temerariamente o visitar un hospital por llevar un ciclomotor sin seguro.ANDALUCIAeduca
«Os condeno a estudiar» Emilio Calatayud, el juez de Menores de Granada, repasó, ante cientos de escolares, algunas de las condenas ejemplares que lo han hecho famoso
Nino Soto 16/10/2008 SANXENXO Pontevedra (LA VOZ DE GALICIA)
No era misión fácil entretener a unos seiscientos jóvenes estudiantes de secundaria. Pero al final, el juez de Menores de Granada, Emilio Calatayud, conocido como «el padrazo» por sus sentencias alternativas y ejemplares, logró capturar la atención de todos los alumnos que se desplazaron para presenciar su charla en Sanxenxo, una intervención cargada de tristes y fantásticas anécdotas sobre algunas de las más de 15.000 condenas que dictó durante su carrera judicial.

Todo empezó cuando el magistrado, experto en redimir al delincuente, afirmó que «durante las noches, en los centros de internamiento solo se oyen los llantos de los niños por muy duros que se crean durante el día».
El juez de menores más famoso del país impartió una lección en la que su principal objetivo fue dejarle claro a los menores que el alcohol y las drogas «vuelven tontos a los niños», y que un chaval que hace travesura «evidentemente no es un delincuente».
En lugar de encerrar a la mayoría de los jóvenes que pasan por su juzgado granadino, Calatayud opta por sentencias educativas. Al niño analfabeto lo condena a aprender a leer y a escribir, al conductor temerario a hacer de voluntario en asociaciones de tetrapléjicos, a los ladrones de poca monta a realizar trabajos comunitarios, al maltratador a limpiar las fachadas de edificios públicos.
Sin embargo, en casos más graves, no le tiembla el pulso y condena a años de internamiento y luego de cárcel. ««El año pasado 90 chavales fueron encerrados y a 900 los obligué a estudiar y a trabajar en beneficio de la comunidad. Y duermo muy tranquilo. Me da lo mismo encerrar a un joven que sentenciarlo a estudiar la ESO», detalla.
Reconoció que sus métodos le han traído muchas alegrías, pero también decepciones. Citó el caso de una chica que tenía 15 años cuando llegó por primera vez a su juzgado. Después de abortar en dos ocasiones y de dar luz a un niño años más tarde, el magistrado tuvo que retirarle la custodia de su hijo después de que lo abandonara en tres ocasiones. «Lo intenté todo, pero ahora está en la cárcel y no me extraña que se muera algún día de sobredosis».
Al público se lo ganó segundos después de iniciar su intervención. A un joven de 15 años, que maltrataba a sus padres, lo condenó a tocar el tambor en las procesiones de Semana Santa «porque me dijo que todos los días a las doce menos cuarto de la noche hablaba con Jesucristo».
En otro caso, además de condenar a un centro de menores, y posteriormente a prisión, a un adolescente por dispararle varias veces a dos extranjeras en un descampado, le obligó a contarle a su padres sus actos, y después de casarse, también se lo tuvo que narrar a su esposa. Y ahí no acaba la historia, cuando tenga hijos, tendrá que narrárselo a sus descendientes. «Hoy en día está cumpliendo la condena, y reconoce que no sabe cómo pudo hacer semejante cosa», detalló el juez.
También hubo una pequeña pitada al juez. Un grupo de escolares le sacó tarjeta roja cuando confesó ser fan del Real Madrid, pero no solo eso, sino que se autodeclaró anti-barcelonista. En el turno de preguntas y respuestas, un alumno quiso saber qué «le puede caer» a un amigo que había amenazado a dos prostitutas en un club de alterne. Otro pretendía conocer el castigo que le puede tocar a uno «por pegarle a un profe».LVG
Las sentencias ejemplares del juez Calatayud (I)· Rechaza reformar la Ley del Menor· Sólo el 15% de los jóvenes que juzga son delincuentes y apela a la labor de los padresEUROPA PRESS- 15 OCT 2008- Madrid (GACETA)El juez de Menores de Granada, Emilio Calatayud, conocido por condenar a los jóvenes que pasan por su juzgado a aprender a leer, sacarse el graduado, hacer el camino de Santiago presentó este martes en Madrid su libro 'Mis sentencias ejemplares' (La esfera de los libros) en el que recoge "anécdotas, éxitos y fracasos" de sus 20 años ejerciendo la magistratura en materia de menores.
REFLEXIONES DE UN JUEZ DE MENORES
(Tomado del blog de Wilder Tuesta Silva)
Emilio Calatayud, es un Juez de menores español, que se está haciendo popular por su forma de expresarse y de sentenciar en las cuestiones vinculadas con la educación de menores. Por ejemplo se dice que sus sentencias contenien este tipo de mandatos:
Los menores de Granada que se dedican a quemar papeleras deben trabajar dos fines de semana con los bomberos.
Un joven que circulaba borracho en moto tuvo que visitar a parapléjicos que se rehabilitaban de accidentes de tráfico durante un día entero, hablar con sus familias y hacer una redacción.
Un adolescente que robaba por el método del tirón permanecerá en libertad vigilada tres años durante los que estudiará mecánica y trabajará para llevar un sueldo a su casa.
Emilio Calatayud ha sistematizado una serie de experiencias y ha dado nacimiento a un "Decálogo para formar un delincuente". Él no reclama autoría respecto de dicho decálogo. El decálogo es el siguiente:
1: Comience desde la infancia dando a su hijo todo loque pida. Así crecerá convencido de que el mundoentero le pertenece.
2: No se preocupe por su educación ética o espiritual.Espere a que alcance la mayoría de edad para que puedadecidir libremente.
3: Cuando diga palabrotas, ríaselas. Esto lo animará ahacer cosas más graciosas.
4: No le regañe ni le diga que está mal algo de lo quehace. Podría crearle complejos de culpabilidad.
5: Recoja todo lo que él deja tirado: libros, zapatos,ropa, juguetes. Así se acostumbrará a cargar laresponsabilidad sobre los demás.
6: Déjele leer todo lo que caiga en sus manos. Cuidede que sus platos, cubiertos y vasos esténesterilizados, pero no de que su mente se llene debasura.
7: Riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño,así a él no le dolerá demasiado el día en que lafamilia, quizá por su propia conducta, quededestrozada para siempre.
8: Dele todo el dinero que quiera gastar. No vaya asospechar que para disponer del mismo es necesariotrabajar.
9: Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades yplaceres. El sacrificio y la austeridad podríanproducirle frustraciones.
10: Póngase de su parte en cualquier conflicto quetenga con sus profesores y vecinos. Piense que todosellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdadquieren fastidiarlo.
Ahora veamoslo en video:
Publicado por Wilder Tuesta Silva en 21:01

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12 de junio de 2008

COMENTARIO LEY N° 29227


LEY DEL PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DE LA SEPARACIÓNCONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR
La Ley N° 29227 regula el procedimiento no contencioso de la separación convencional y divorcio ulterior en las Municipalidades y Notarías, ha sido publicada en el diario oficial El Peruano el 16 de mayo de 2008.
La finalidad de la ley es la de reducir la excesiva carga procesal del Poder Judicial, así como el costo y tiempo que demandan realizar una separación convencional en la vía judicial.
Conforme a la ley en comentario, establece que pueden acogerse al procedimiento no contencioso de separación convencional y divorcio ulterior en las Municipalidades y Notarías Públicas, aquellas personas que después de haber transcurrido dos años de la celebración de su matrimonio deciden ponerle fin de mutuo acuerdo. Para lo cual deben cumplir algunos requisitos como no tener hijos menores de edad o mayores con discapacidad; o, de tenerlos, contar con sentencia judicial firme o acta de conciliación sobre patria potestad, alimentos, tenencia y régimen de visitas. Además, deberán carecer de bienes en régimen de sociedad de gananciales o contar con la correspondiente escritura pública de sustitución o liquidación del régimen patrimonial.
El numeral 5° establece que a la solicitud deseparacion deberá anexarse los siguientes documentos:
a) Copias simples y legibles de los DNI de ambos cónyuges.
b) Acta o copia certificada de la partida de matrimonio, expedida dentro de los dentro de los tres meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
c) Declaración jurada, con firma y huella digital de cada uno de los cónyuges, de no tener hijos menores de edad o mayores con incapacidad
d) Acta o copia certificada de la Partida de Nacimiento, expedida dentro de los tres meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud y copia certificada de la sentencia judicial firme o acta de conciliación respecto de los regímenes del ejercicio de la patria potestad, alimentos, tenencia y de visitas de los hijos menores o hijos mayores con incapacidad, si los hubiera.
e) Escritura Pública inscrita en los Registros Públicos, de separación de patrimonios; o declaración jurada, con firma e impresión de la huella digital de cada uno de los cónyuges, de carecer de bienes sujetos al régimen de sociedad de gananciales.
f) Escritura Pública inscrita en los Registros Públicos, de sustitución o liquidación del régimen patrimonial, si fuera el caso.
El cumplimiento de estos requisitos deberá ser evaluado por el Notario o el Alcalde, luego de lo cual, en un plazo de 15 días deberá convocar a una Audiencia. Cabe resalta que, en el caso de que el trámite se realice en la vía municipal, será necesario el visto bueno de su área legal o del abogado encargado. Es preciso referir que, según el artículo 7°, transcurridos 02 meses de emitida la resolución de alcaldía o el acta notarial, cualquiera de los cónyuges puede solicitar la disolución del vínculo matrimonial, solicitud que deberá ser atendida y resuelta en un plazo no mayor de quince días para que se disponga su inscripción en el registro correspondiente.
Esta Ley modifica el artículo 354° del Código Civil, disponiendo que transcurridos 02 meses desde la notificación de la sentencia, la resolución de alcaldía o el acta notarial de separación convencional o la sentencia de separación de cuerpos por separación de hecho, cualquiera de los cónyuges, sobre la base de ellas, podrá pedir, según corresponda, al Juez, al Alcalde o al Notario Público que conoció el proceso que se declare disuelto el vínculo matrimonial.
Así mismo, se ha modificado el artículo 580° del Código Procesal Civil, señala que procede la solicitud de disolver el vínculo matrimonial, después de transcurridos 02 meses de notificada la sentencia de separación la resolución de Alcaldía o el acta notarial de separación convencional.

LEY N° 29227

Ley que regula el Procedimiento No Contencioso de la Separación Convencional y Divorcio Ulterior en las Municipalidades y Notarías
LEY Nº 29227 (16-may-08)
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la República
Ha dado la Ley siguiente:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DE LA SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR EN LAS MUNICIPALIDADES Y NOTARÍAS
Artículo 1.- Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto establecer y regular el procedimiento no contencioso de separación convencional y divorcio ulterior en las municipalidades y notarías.
Artículo 2.- Alcance de la Ley
Pueden acogerse a lo dispuesto en la presente Ley los cónyuges que, después de transcurridos dos (2) años de la celebración del matrimonio, deciden poner fin a dicha unión mediante separación convencional y divorcio ulterior.
Artículo 3.- Competencia
Son competentes para llevar a cabo el procedimiento especial establecido en la presente Ley, los alcaldes distritales y provinciales, así como los notarios de la jurisdicción del último domicilio conyugal o de donde se celebró el matrimonio.
Artículo 4.- Requisitos que deben cumplir los cónyuges
Para solicitar la separación convencional al amparo de la presente Ley, los cónyuges deben cumplir con los siguientes requisitos:
a) No tener hijos menores de edad o mayores con incapacidad, o de tenerlos, contar con sentencia judicial firme o acta de conciliación emitida conforme a ley, respecto de los regímenes del ejercicio de la patria potestad, alimentos, tenencia y de visitas de los hijos menores de edad y/o hijos mayores con incapacidad; y
b) Carecer de bienes sujetos al régimen de sociedad de gananciales, o si los hubiera, contar con la Escritura Pública inscrita en los Registros Públicos, de sustitución o liquidación del régimen patrimonial.
Artículo 5.- Requisitos de la solicitud
La solicitud de separación convencional y divorcio ulterior se presenta por escrito, señalando nombre, documentos de identidad y el último domicilio conyugal, con la firma y huella digital de cada uno de los cónyuges.
El contenido de la solicitud expresa de manera indubitable la decisión de separarse.
A la solicitud se adjuntan los siguientes documentos:
a) Copias simples y legibles de los documentos de identidad de ambos cónyuges;
b) Acta o copia certificada de la Partida de Matrimonio, expedida dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud;
c) Declaración jurada, con firma y huella digital de cada uno de los cónyuges, de no tener hijos menores de edad o mayores con incapacidad;
d) Acta o copia certificada de la Partida de Nacimiento, expedida dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud y copia certificada de la sentencia judicial firme o acta de conciliación respecto de los regímenes del ejercicio de la patria potestad, alimentos, tenencia y de visitas de los hijos menores o hijos mayores con incapacidad, si los hubiera;
e) Escritura Pública inscrita en los Registros Públicos, de separación de patrimonios; o declaración jurada, con firma e impresión de la huella digital de cada uno de los cónyuges, de carecer de bienes sujetos al régimen de sociedad de gananciales; y
f) Escritura Pública inscrita en los Registros Públicos, de sustitución o liquidación del régimen patrimonial, si fuera el caso.
Artículo 6.- Procedimiento
El alcalde o notario que recibe la solicitud, verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 5, luego de lo cual, en un plazo de quince (15) días, convoca a audiencia única.
En caso de que la separación convencional y divorcio ulterior se solicite en la vía municipal, se requerirá del visto bueno del área legal respectiva o del abogado de la municipalidad sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos.
En la audiencia los cónyuges manifiestan o no su voluntad de ratificarse en la solicitud de separación convencional.
De ratificarse, el alcalde o notario declarará la separación convencional por resolución de alcaldía o por acta notarial, según corresponda.
En caso de inasistencia de uno o ambos cónyuges por causas debidamente justificadas, el alcalde o notario convoca a nueva audiencia en un plazo no mayor de quince (15) días.
De haber nueva inasistencia de uno o ambos cónyuges, declara concluido el procedimiento.
Artículo 7.- Divorcio ulterior
Transcurridos dos (2) meses de emitida la resolución de alcaldía o el acta notarial, según sea el caso, cualquiera de los cónyuges puede solicitar ante el alcalde o notario la disolución del vínculo matrimonial. Dicha solicitud debe ser resuelta en un plazo no mayor de quince (15) días.
Declarada la disolución, el alcalde o notario dispondrá su inscripción en el registro correspondiente.
Artículo 8.- Régimen de acreditación
El Ministerio de Justicia emitirá certificado de acreditación a las municipalidades que cumplan con las exigencias reguladas en el Reglamento, el cual constituye requisito previo.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
ÚNICA.- Adecuación de los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos
Las municipalidades adecuarán sus Textos Únicos de Procedimientos Administrativos - TUPA para el cobro de las tasas correspondientes al procedimiento de separación convencional y divorcio ulterior.
DISPOSICIONES MODIFICATORIAS
PRIMERA.- Normas modificatorias del Código Civil y Código Procesal Civil
Modifícase el artículo 354 del Código Civil, en los términos siguientes:
“Artículo 354.- Plazo de conversión
Transcurridos dos meses desde notificada la sentencia, la resolución de alcaldía o el acta notarial de separación convencional, o la sentencia de separación de cuerpos por separación de hecho, cualquiera de los cónyuges, basándose en ellas, podrá pedir, según corresponda, al juez, al alcalde o al notario que conoció el proceso, que se declare disuelto el vínculo del matrimonio.
Igual derecho podrá ejercer el cónyuge inocente de la separación por causal específica.”
Modifícase el artículo 580 del Código Procesal Civil, en los términos siguientes:
“Artículo 580.- Divorcio
En el caso previsto en el primer párrafo del artículo 354 del Código Civil, procede la solicitud de disolver el vínculo matrimonial, después de transcurridos dos meses de notificada la sentencia de separación, la resolución de alcaldía o el acta notarial de separación convencional. El Juez expedirá sentencia, luego de tres días de notificada la otra parte; y el alcalde o el notario que conoció del proceso de separación convencional, resolverá el pedido en un plazo no mayor de quince días, bajo responsabilidad.”
SEGUNDA.- Adición del numeral 7 al artículo 1 de la Ley Nº 26662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos
Adiciónase el numeral 7 al artículo 1 de la Ley Nº 26662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos, en los términos siguientes:
“Artículo 1.- Asuntos No Contenciosos
Los interesados pueden recurrir indistintamente ante el Poder Judicial o ante Notario para tramitar según corresponda los siguientes asuntos:
(...)
7. Separación convencional y divorcio ulterior conforme a la ley de la materia.”
DISPOSICIÓN FINAL
ÚNICA.- Reglamento
El Ministerio de Justicia dictará el Reglamento a que hace alusión la presente Ley, en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.
En Lima, a los quince días del mes de mayo de dos mil ocho.
LUIS GONZALES POSADA EYZAGUIRRE
Presidente del Congreso de la República
ALDO ESTRADA CHOQUE
Primer Vicepresidente del Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince días del mes de mayo del año dos mil ocho.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

10 de enero de 2008

Actos Procesales y Sentencia

ACTOS PROCESALES[1]

El acto jurídico, es la manifestación de la voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas.

En cambio el acto procesal, se entiende como el acto juridico emanado de las partes, de los agentes de la jurisdicción o aún de terceros legitimados, ligados al proceso, susceptibles de crear modificar o extinguir efectos procesales (Couture)

En consecuencia, el acto jurídico es el género, y el acto procesal es la especie
El procedimiento es la sucesión de actos procesales.
El proceso es, a la vez la totalidad y la unidad, apuntados hacia el fin de la cosa juzgada.
La instancia, en cambio, es un fragmento del proceso que se desarrolla ante un mismo Juez.

HECHOS Y ACTOS PROCESALES
Los hechos procesales son aquellos acontecimientos de la vida que proyectan sus efectos sobre el proceso. (perdida de la capacidad de una de las partes, amnesia del testigo, etc)

En cambio cuando los hechos están dominados por la voluntad jurídica idónea para crear, modificar o extinguir derechos procesales, se denominan actos procesales (presentación de la demanda, la declaración del testigo, la suscripción de la sentencia por el Juez)

Clases de Actos Procesales

Tenemos que se pueden clasificar en:
1. Actos del Tribunal: Es decir de todo el aparato jurisdiccional en su conjunto. (Juez, auxiliares, etc.) cumplen como órgano de la función pública.
2. Actos de las partes y de terceros: Realizados por los justiciables y eventualmente por el tercero legitimado.
3. Actos procesales del Juez: Este clase de actos son los que nos interesan, por lo que podemos decir que son los diversos actos de los agentes de la jurisdicción. Al Juez le corresponde realizar los siguientes actos procesales:
a. Actos de documentación: Son la reproducción mediante documentos escritos, de los actos procesales de las partes, del juzgado o de terceros; por ej. la acta de conciliación, la acta de pruebas. No hay que confundir el acto con el documento: Ej. el juramento del perito es el acto procesal, y la acta que lo contiene es el documento.
b. Actos de decisión: Estos se ejecutan mediante la expedición de las resoluciones judiciales, con el objeto de dirigir el proceso y fallarlo; todo ello se le conoce como actividad procesal.

LA ACTIVIDAD PROCESAL se halla a cargo del Juez, la cual se lleva a cabo mediante los decretos, autos y sentencias.

DECRETOS: Son aquellas resoluciones por las cuales se impulsa el proceso, disponiéndose actos procesales de simple trámite. (Art. 121 CPC)
Actualmente en su parte final el art. 122 del CPC, permite que los decretos sean expedidos por los auxiliares jurisdiccionales (Secretarios, actualmente denominado Especialista Legal), y debe ser suscritos con firma entera o completa.

Los decretos son expedidos en el plazo de 2 días de presentado el escrito. Estos deben ser numerados de manera correlativa con las demás resoluciones del proceso. Además estas resoluciones no necesitan estar fundamentadas.

En contra de los decretos sólo cabe el medio impugnatorio de la reposición, por tanto no son apelables. El plazo para interponer la reposición es de tres días; y el auto que resuelve la reposición es inimpugnable.

Deben de contener los decretos el lugar y fecha en que se expiden, número de orden, la expresión clara y precisa de lo que se decide, y el plazo para su cumplimiento. Si fuera necesario.

AUTOS: Son aquellas resoluciones por las cuales se resuelven algún aspecto controvertido, o pequeñas incidencias.
Mediante los autos el Juez resuelve la admisibilidad o el rechazo de la demanda o de la reconvención, (debe comprender también a la contestación), el saneamiento procesal, la interrupción o conclusión del proceso, el concesorio o denegatorio de los medios impugnatorios; la admisión, improcedencia o modificación de las medidas cautelares, y el propio art. 121 del CPC deja abierta la posibilidad a otras incidencias, dando así una facultad en blanco al Juez, cuando se refiere a las demás decisiones que requieran motivación para su pronunciamiento. (medio probatorio de oficio); ya que todo aspecto controvertido que se resuelva dentro del proceso se hace mediante un auto.

Un auto debe ser necesariamente motivado, bajo responsabilidad.
Que debe contener un auto:
1. Lugar y fecha de su expedición
2. El número correlativo que corresponda al expediente
3. La descripción correlativamente enumerada de los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la decisión, la que se sujeta al mérito de lo actuado y al derecho.
4. La expresión clara y precisa de lo que se decide y ordena, respecto del punto controvertido.
5. El plazo para su cumplimiento si fuera el caso
6. Excepcionalmente el auto puede señalar costas y pago de multa.

Los autos llevan media firma del Juez y firma entera del Secretario (Especialista Legal).

El auto tiene semejanzas y diferencias con la sentencia:
1. El auto se expide dentro de la tramitación del proceso; la sentencia, al final.
2. El auto resuelve algún aspecto controvertido dentro del proceso; la sentencia, pone fin al mismo.
3. El auto consta de dos partes: considerando y decisión; en cambio la sentencia de tres partes: parte expositiva, considerativa, y resolutiva.

Los autos únicamente pueden ser expedidos por el Juez.

Los autos son apelables, conforme a las normas del Código Procesal Civil, ya sea con efecto suspensivo, sin efectos suspensivo y con la calidad de diferida, o sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida.

LA SENTENCIA: Como acto jurídico procesal, es aquella resolución que emana de los Magistrados y mediante la cual se decide la causa o punto sometido a su conocimiento o se resuelven las pretensiones de las partes o se disponen medidas procesales.

Como documento la sentencia, es la pieza procesal escrita y suscrita por el Juez que contiene el texto de la decisión emitida. Como documento público, debe cumplir una serie de requisitos exigidos por la ley para que tenga: validez, eficacia y fuerza vinculatoria.

· validez:

· eficacia:

· fuerza vinculatoria:


La sentencia como acto jurídico procesal: es una operación mental analítica y crítica.

Hoy en día no sólo se considera como simple operación lógica, sino como un acto procesal del Juez que incluye diversas actividades afines.
a) La primera operación mental del Juez está relacionada con la demanda, se trata de saber si en el primer plano de examen, la pretensión en ella contenida debe ser amparada o rechazada. Luego se examinará si el material suministrado en el expediente es suficiente para amparar una decisión (medios probatorios); en caso que no exista los elementos necesarios y no tenga la certeza debida el Juez, puede ordenar medios probatorios de oficio.
b) En segundo lugar, el Juez hace un examen analítico-crítico de los hechos. Es decir que el Juez está frente a un conjunto de hechos narrados por las partes (demanda, contestación); así como las pruebas que las partes han producido para demostrar sus afirmaciones (tesis).
En esta operación analítico-crítico, el Juez compulsa los documentos, escucha a los testigos, busca el parecer de los especialistas (peritos), saca conclusiones de los hechos conocidos construyendo por conjeturas los desconocidos; y como un historiador, el Juez reconstruye los hechos pasados que dieron lugar al conflicto.

Luego de reconstruidos los hechos, el Juez hace un diagnóstico para determinar el derecho que corresponde; esto se le conoce como la SUBSUNCIÓN, que viene a ser el enlace lógico de una situación particular, específica y concreta, con la previsión abstracta, genérica e hipotética contenida en la ley.

La ley que le corresponda al hecho, no es la que ha sido invocada, sino la adecuada a los hechos. Para ello el Juez debe tener en cuenta el aforismo IURA NOVIT CURIA, contenido en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil “El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes” (este último se le conoce como el Principio de Congruencia).

La sentencia como documento:

Como tal, la sentencia debe de contener (artículo. 122 CPC):
1. Lugar y fecha de expedición
2. Número de orden que le corresponde dentro del expediente
3. Relación correlativamente numerada de los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la decisión, la que se sujetará al mérito de lo actuado y al derecho
4. La expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena, respecto de todos los puntos controvertidos
5. El plazo para su cumplimiento, de ser el caso
6. La condena de costas y costos, las multas, si corresponde, o de exoneración de su pago
7. Debe ser suscrita por el Juez con firma completa, y del auxiliar jurisdiccional.

PARTES DE LA SENTENCIA[2]:
(ARTÍCULO 122 CPC)
Debe contener 3 partes: expositiva, considerativa y resolutiva.

PARTE EXPOSITIVA:
Esta primera parte, contiene la narración de manera sucinta, secuencial y cronológica de los principales actos procesales, desde la interposición de la demanda hasta el momento previo de la sentencia. Hay que anotar que en esta parte no debe incluirse ningún criterio valorativo.
La finalidad de esta parte, es dar cumplimiento al mandato legal del artículo 122 del CPC.
Además el Magistrado (Juez) va ha internalizar el problema central del proceso, que va a resolver.

El contenido de la PARTE EXPOSITIVA, contendría:
- Demanda:
1. Identificación de las partes, tanto del demandante y demandado, sólo en cuanto a sus nombres; en razón que la sentencias solo pueden surtir sus efectos respecto de las partes que intervienen en el proceso.
2. Identificar el petitorio de manera clara y concreta, lo que permite al Juez respetar y cumplir EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA.
3. Descripción de los fundamentos de hecho, y de derecho; permite definir el marco fáctico y el legal.
4. Precisar mediante que resolución se admitió a trámite. Para saber cuales pretensiones serán materia del pronunciamiento.

- Contestación:
1. Descripción de los fundamentos de hecho y derecho, permite saber que puntos fueron contradichos.

- Reconvención:
1. De existir, describir al igual que la demanda y contestación, de manera breve.

- Saneamiento Procesal: Sólo indicar en que momento se realizó, y en que sentido.

- Conciliación: Permite verificar el cumplimiento de una institución procesal obligatoria.

- Fijación de los Puntos Controvertidos: Sólo indicar en que audiencia se realizó tal actividad.

- Admisión de Medios Probatorios: Sólo precisar en que audiencia se admitieron.

- Actuación de Medios Probatorios: Sólo indicar si se actuaron todos los medios probatorios admitidos a trámite, y va ha permitir el control de los mismos.


PARTE CONSIDERATIVA:
Esta segunda parte, en la cual el Magistrado (Juez) plasma el razonamiento fáctico y/o jurídico efectuado para resolver la controversia.
La finalidad, de esta parte de la sentencia, es el de cumplir con el mandato constitucional (fundamentación de las resoluciones), contenido en el inciso 5° del artículo 139° de la Constitución de 1993, el numeral 122 del Código Procesal Civil, y el artículo 12 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial..
Además de ello, va a permitir a las partes, y a la sociedad civil en general, conocer las razones por las cuales su pretensión ha sido amparada o desestimada.

El contenido de la PARTE CONSIDERATIVA, contendrá:

1. Una adecuada fijación de los puntos controvertidos, los que estarán íntimamente relacionados con los elementos constitutivos de la institución jurídica que se pretende (los que también podrán indicarse de manera expresa).
2. Estos puntos controvertidos, deben fijados en un orden de prelación, de tal manera que a la conclusión que se arribe luego del análisis de cada uno, determine si se prosigue con el análisis del siguiente. (Esto ya en su desarrollo mismo).
3. Este desarrollo, implica 4 fases, de la siguiente manera:
Fase I : El listado de las situaciones de hecho que guardan relación sustancial con cada uno de los puntos controvertidos (y los elementos constitutivos), fijados.
Fase II : Respecto de cada una de las situaciones de hecho listadas, se debe efectuar la selección de los elementos probatorios idóneos cuyo análisis valorativo podría crear convicción en sentido positivo o negativo.
(Deber tenerse en cuenta que en el caso de alguna situación de hecho no ha sido materia de probanza, ya que fue asentida por las partes, en cuyo caso podría bastar para crear convicción en el Juzgador, a excepción del 2 párrafo del inciso 2° del artículo 190 del CPC).
Fase III : Una vez que ha creado convicción respecto de los hechos, se procederá al análisis del marco jurídico relativo al punto controvertido evaluado, emitiendo una conclusión del mismo (lo que es conocido como la SUBSUNCIÓN), lo que va a permitir proseguir con el análisis del siguiente punto controvertido (o elemento constitutivo), o en su caso expedir el fallo definitivo de ser el caso (en el caso que esta conclusión no fuera positiva).
Fase IV : El procedimiento detallado anteriormente, se deberá repetir para el análisis de cada uno de los puntos controvertidos, y con las conclusiones de cada uno de ellos, es decir las conclusiones parciales, se deberá emitir un considerando (especie de resumen) preliminar que permitirá a las partes el sentido del fallo definitivo.


PARTE RESOLUTIVIA:
En esta última parte, el Juez, manifiesta su decisión final respecto de las pretensiones de las partes.
Tiene por finalidad, cumplir con el mandato del 3° párrafo del artículo 122 del CPC.
También va a permitir a las partes conocer el sentido del fallo definitivo, permitiéndoles ejercer su derecho impugnatorio.

El contenido de la PARTE RESOLUTIVA, contendrá:

1. El mandato respectivo destinado a que la parte vencida desarrolle una determinada prestación y/o declarar el derecho correspondiente. Ello con respecto de cada una de las pretensiones, ya sean acumuladas o no.
2. La definición, respecto del momento a partir del cual surtirá efectos el fallo.
3. Pronunciamiento sobre las costas y costos, ya sea sobre la condena o su exoneración.


[1] Zavaleta C., Wilverde; "Código Procesal Civil"
[2] Trabajo de Investigación sobre Guía de elaboración de sentencias judiciales, a cargo de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial.

Sistemas de Juzgamiento

LOS SISTEMAS DE JUZGAMIENTO

I INTRODUCCIÓN.

II ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS SISTEMAS DE JUZGAMIENTO

En el hombre primitivo, tanto históricamente como en la formación de sus sentimientos e impulsos morales [1], la reacción contra la injusticia aparece bajo la forma de la venganza; es decir la justicia por mano propia [2]. Esta reacción del hombre primitivo, también la hemos observado a lo largo del desarrollo de la humanidad, e incluso en la sociedad contemporánea, a través de los grupos terroristas [3].
A ésta reacción se le conoce como la Acción Directa (Action Directe)[4], para un mejor entendimiento precisamos el siguiente ejemplo [5]: Una disputa entre dos hombres primitivos, en el Paleolítico inferior, originada en que uno le ha arrebatado la lanza -su instrumento de supervivencia- a otro. Luego del despojo, el perjudicado busca recuperar la lanza a la fuerza; por tanto, la manera de solucionar el conflicto de intereses originado en la posesión de la lanza es la confrontación física directa entre los protagonistas, con la probable desaparición o inutilización de ambos contendientes.
Es así como el hombre primitivo resuelve de manera inmediata, práctica e instantánea sus conflictos intersubjetivos, teniendo como instrumento exclusivo el uso de la fuerza.
Sin embargo, si el hombre primitivo, ya agrupado, hubiere seguido usando de manera exclusiva la acción directa, a fin de solucionar sus conflictos, es obvio que se hubiere extinguido. Dada su característica del ser humano: su sociabilidad; la opción para subsistir fue la formación de grupos organizados (clanes, tribus, etc.). El primer éxito político y colectivo, a través de los grupos, fue la prohibición de la acción directa, (como norma de conducta).
La sustitución del sistema de la acción directa, además de que no fue un cambio brusco, y luego de un largo desarrollo; el ser humano aceptó que el conflicto de intereses debía ser resuelto por una persona que no fuera partícipe de éste, es decir, por alguien que fuera ajeno a sus afectos. Esta elección de un tercero para resolver el conflicto, quizás sea el primer acto de derecho que crea y ejecuta el hombre, y es precisamente también aquello que se denomina acción civi [6].
Ahora bien, el otro problema que tuvo que superar el hombre primitivo, fue el de la elección de esa persona que se encargaría de resolver el conflicto de intereses intersubjetivo. Es evidente que inicialmente las sociedades tuvieron que elegir al más fuerte, a fin que la decisión que tomara esa persona, tuviera un elemento adicional: la coerción.
Posteriormente, el profundo sentido mítico del hombre primitivo, lo llevó a considerar que el indicado para resolver el conflicto de intereses fuera la persona del grupo que tuviera contacto más cercano con lo desconocido. Es por ello que el elegido pasó a ser el brujo, el hechicero, el mago o el curandero [7].
El desarrollo del grupo, tuvo como consecuencia la evolución cultural, lo que permitió a sus integrantes tener mejores elementos de razón, para elegir a la autoridad encargada de resolver conflictos. Entonces la comunidad empieza un proceso histórico paulatino pero sostenido, destinado a exigir que el acto de resolver lo conflictos tenga menos relación con lo sobrenatural y más con la realidad. Es por ello que la elección comienza a recaer en la persona con más experiencia; en la mayoría de grupos humanos se elegía al anciano. Por ejemplo, el Senado, que era el Consejo Supremo de la Roma antigua, se encaró inicialmente de solucionar los conflictos de intereses entre particulares.
El grupo humano se fue haciendo más grande, la trama de las relaciones sociales se tornó más compleja. Lo que determinó que el acto de solucionar conflictos adquiriese una importancia considerable, como expresión de superioridad a tal punto que, al ser ejercida por quien tenía el poder político, produjo la concentración de la supremacía de este (el poder absoluto), lo que llevó a que el monarca o soberano se convirtiera en jefe absoluto [8].
Precisamente, a fines de la edad media, en la etapa germinal de la formación de los estados nacionales en Europa occidental, la considerable densidad de las sociedades en comparación con los grupos humanos primitivos trajo consigo una decisión política impostergable: el poder central debió delegar la función de resolver conflictos en personas cercanas a él, dada la imposibilidad de hacerlo directamente. Estas personas, regularmente cercanas al entorno social del titular del poder central, son el antecedente directo de lo que después va a convertirse en el servicio estatal de justicia [9].
Por lo que se puede concluir, que la facultad de resolver conflictos de intereses intersubjetivos fue exclusiva del soberano en un momento determinado de la evolución social hasta que debió delegarla por razones de densidad demográfica y extensión territorial [10].
Luego de haberse determinado como es que el conflicto de intereses intersubjetivo es resuelto por un tercero; es necesario indicar que el medio que se utiliza, tiene que estar sometido a algún sistema procesal.
Podemos señalar que los sistemas procesales, son los distintos modos de desenvolverse el proceso [11]; para que exista un proceso tiene que haber necesariamente un impulso procesal; y para determinar a quien corresponde jurídicamente dar ese impulso procesal, se han generado en la historia del derecho dos grandes sistemas de procesamiento: el dispositivo y el inquisitivo [12]. Criterio compartido por Alsina [13] y Monroy Cabra [14]. Es de advertir que algunos procesalistas hablan de principios y no de sistemas, como lo señala Carrión Lugo [15], estudiándolos como tales Peyrano [16], Wyness Millar [17], entre otros.
Para conocer históricamente estos 2 sistemas procesales o de juzgamiento, como lo ha señalado Alvarado Velloso [18] [19], que el sistema dispositivo, es el más antiguo y el que se adecua cabalmente con la idea lógica del proceso (compuesto de numerosos actos sucesivos relacionados entre sí), como fenómeno jurídico irrepetible que relaciona a tres sujetos en una relación dinámica (dos personas -actor y demandado- discutiendo ante otra cuya autoridad acataban).
No sólo al litigio puramente civil se aplicó este sistema (dispositivo), ya que existen noticias que también se aplicaba en las antiguas repúblicas de Grecia y Roma, en la época de los Comicios. Y es que la primitiva concepción del juicio penal exigía que fuera iniciado por un acusador (por prevalecer el interés particular del ofendido y sus parientes) quien actuaba contra el reo ante otro que oficiaba como juzgador. Por lo que se puede afirmar que el proceso penal común fue acusatorio (dispositivo) desde el siglo XII.
Hay que precisar que a este sistema se le denomina dispositivo, en lo civil, o acusatorio, en lo penal, y como principal rasgo caracterizador es que el proceso sólo puede ser incidido por el particular interesado (nunca por el propio Juez); por lo pronto nos limitamos a señalar ésta, más adelante desarrollaremos en detalle las demás características.
Se puede afirmar que en Grecia rigió el proceso dispositivo, al igual que en Roma; sin embargo en las últimas instituciones del Imperio romano, contenían en germen el sistema inquisitivo, pero fue la Iglesia quien sustituyo e implanto el sistema inquisitivo [20].
Hacia el año 1000 de nuestra era, la Europa cristiana, asiste a un fenómeno inédito hasta entonces: se suceden rápidamente herejías masivas que, además impugnar el dogma católico, niegan instituciones básicas del orden secular (el matrimonio, la autoridad, etc.). La Iglesia y el Estado, reaccionan severamente, utilizando medios diversos a partir del Concilio de Verona de 1184, en el cual nace la institución de la Inquisición Medieval: Se encarga a los obispos la inspección anual de los pueblos donde se presentaban numerosas herejías a fin de recabar informes secretos acerca de ellas, y llegado el caso, juzgar por ellos mismos a los sospechosos. A la Iglesia, en ese entonces, le interesaba más la conversión que la represión.
En el año de 1215, en el Concilio de Letrán, se decidió insistir severamente en la lucha contra la herejía, y se acordó la designación de jueces pesquisidores o inquisidores, quienes podían actuar por acusación o por denuncia o de oficio.
Con ese sistema de procesamiento, se instituyeron tribunales inquisitoriales (Santo Oficio) en Francia, Italia y España, y posteriormente a través de la conquista se traslado a América, lo que fue encargado a franciscanos y dominicos.
Es a partir de los delitos contra la fe (herejías), la competencia del Santo Oficio fue ampliándose para abarcar no sólo los delitos contra la religión (sacrilegio), sino también contra los incumplimientos de los deberes clericales (celibato), y contra las buenas costumbres (adulterio, sodomía). El procedimiento adoptado por el Santo Oficio, era primordialmente secreto, llegando al extremo de ignorar el sospechado el motivo del proceso, la identidad de los acusadores y la de los testigos de cargo (se dice que fue para evitar las represalias). Es obvio que éste proceso sólo podía ser impulsado por el juez (impulso de oficio). Además que en este sistema se instauró el tormento, como forma de obtener la confesión del reo.
Este sistema empleado por la Iglesia católica, fue copiado por el poder civil a través de la Santa Inquisición Española, que llegó a actuar no como tribunal meramente eclesiástico sino como tribunal civil que sentenciaba por facultad dada al efecto por el propio Rey.
Como se indicó, este tribunal fue instalado en América durante la colonia, actuando en Lima desde 1570, en México desde 1571 y en Cartagena de Indias desde 1610. Este sistema de enjuiciamiento ingresó a la ley de enjuciamiento civil española, y a América Latina, a través de la conquista. Por lo tanto el derecho procesal de América Latina es un sistema inquisitivo.

Para hacer un correlato del sistema dispositivo, nos remontamos al año 1215 a la Europa Insular, en esa época Gran Bretaña tenía un rey un normando, llamado Ricardo Corazón de León, quien por ese entonces estaba empeñado en hacer santas cruzadas, por lo que dejó el gobierno a su hermano: Juan, conocido como Juan sin Tierras (por ser el segundo hermano y carecer de bienes hereditarios por el institución del mayorazgo), por lo que aprovechando el cargo ajustó los impuestos de manera irrestricta a los varones sajones, quienes se agruparon y levantaron en armas, señalándole a su Rey Juan sin Tierra, que cada uno de ellos vale por lo menos igual que el Rey, pero todos juntos valían más que el Rey, y determinan que se debe respetar la voluntad de la mayoría. Y por la presión ejercida por los varones, Juan sin tierra, promulga, lo que se conoce como la constitución de 1215, en donde se consagra en otros el derecho al juez natural, al debido proceso.
Posteriormente Inglaterra, tuvo como Rey a Enrique VIII, quien por razones históricamente conocidas, no permitió que la Santa Inquisición Española, se instale en su reino. Este hecho generó que el sistema dispositivo se desarrollara a través de un proceso público, oral, con inmediación, con inmediatez, no se admite la prueba de absolución de posiciones, o sea que no se puede obligar a que el otro confiese.
A este sistema de juzgamiento se adhirió los Estados Unidos de Norteamérica, quien lo consagró a nivel constitucional, e históricamente se ha determinado que su carta maga fue la fuente inmediata de constituciones como la de Francia, y posteriormente de los países latinoamericanos. Es por ello que hoy por hoy se puede apreciar que en los textos constitucionales americanos se ha reproducido el derecho al el juez natural, a ser juzgado con un debido proceso, etc.
Por lo que se podría concluir, a prima face, que a nivel de leyes procesales tenemos un sistema inquisitivo (por los antecedentes históricos) y a nivel de ley constitucional tenemos un sistema dispositivo, lo que llevaría a una posible contradicción, de dos sistemas tal vez antagónicos. Lo que será analizado más ampliamente en los puntos siguientes.



III. SISTEMA DISPOSITIVO

1. Según Alvarado Velloso: Un proceso se enrola en el sistema dispositivo cuando las partes son dueñas absolutas del impulso procesal (por tanto, ellas son quiénes deciden cuando activar o paralizar la marcha del proceso), y son las que fijan los términos exactos del litigio a resolver, las que aportan el material necesario para confirmar las afirmaciones, las que pueden ponerle fin en la oportunidad y por los medios que deseen[21]. El particular o litigante es el centro y destinatario del sistema (Un claro ejemplo en nuestro ordenamiento procesal viene a ser lo establecido en el Artículo 196 del Código Procesal Civil).
El Juez carece de todo poder impulsorio, debe aceptar como ciertos los hechos admitidos por las partes así como conformarse con los medios de confirmación que ellas aportan y debe resolver ajustándose estrictamente a lo que es materia de controversia en función de lo que fue afirmado y negado en las etapas respectivas.
Sus principales rasgos son: El proceso sólo puede ser iniciado por el particular interesado (nunca por el propio Juez); su desarrollo es público, existe paridad absoluta de derechos e igualdad de Instancias entre actor (o acusador) y demandado (o reo) y el Juez es un tercero que como tal es Impartial (no parte), imparcial (no interesado personalmente en el resultado del litigio) e independiente de cada uno de los contradictores. De tal modo, el impulso del proceso sólo es dado por las partes. Nunca por el Juez (podemos advertir que con relación a nuestro ordenamiento procesal civil, existiría cierta contradicción con lo establecido en el artículo II del Título Preliminar del CPC, Principio de Impulso Procesal de Oficio).
Nota este autor trata el tema como sistema procesal de juzgamiento.

2. Según Enrique Véscovi: Este autor considera como Principio y no como sistema, refiriendo al especto que el Principio Dispositivo es el que asigna a las partes, y no al Juez, la iniciativa del proceso, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso. Analizando con detenimiento este principio, se observa que está compuesto de los siguientes sub principios [22]:
· El proceso debe comenzar por iniciativa de parte, el juez no puede hacerlo de oficio, se aplica el aforismo romano nemo iudex sine actore y ne procedat iure ex officio. No hay jurisdicción sin acción, la cual es puesta en movimiento por el interesado. Principio consagrado en el proceso civil de casi todos los países del mundo, salvo en los países socialistas; más aún, debe considerarse que en algunos casos la modificación proviene de que el inicio de la acción se deba a la parte pública, no al interesado, como es el caso del Ministerio Público, el Ombudsman, relator action o quien ejerce la acción popular.
· El objeto del proceso (thema decidendum) lo fijan las partes, y es dentro de esos límites como el Juez debe decidir, las pruebas son aquellas que las partes soliciten; si el tribunal dispone alguna para mejor resolver lo será respecto de los hechos que las partes han invocado.
· El Tribunal debe fallar conforme a lo alegado y probado por las partes (secundum allegata e probata), él no conoce otros hechos fuera de los que las partes invocan, ni otras pruebas que las que presentan; su sentencia debe fijarse dentro de los límites de las pretensiones deducidas por el actor y aquello que reconoce o controvierte el demandado, si va más allá será ultra petita o extra petita (según resuelva más de lo pedido o fuera de lo pedido) y esto no es admisible en el proceso dispositivo, a todo esto se conoce como el Principio de Congruencia de las sentencias.
· Los recursos, en especial la apelación, sólo pueden ser deducidos por las partes que han sido agraviadas (perjudicadas); el límite de la apelación está dado por lo pedido por el apelante (tantum devolutum quantum apellatum). (Podría considerarse el Principio de Limitación).
· Las partes pueden disponer no sólo de los actos procesales sino también del propio proceso, esto es en cuanto a los derechos sustanciales planteados, ya sea desistiéndose de la pretensión, allanándose a ella, realizando una transacción con concesiones recíprocas, abandonando el proceso dejando de seguirlo, pudiendo producirse el abandono de la instancia y/o la caducidad; pero, sin embargo hay derechos indispensables sobre los que no cabe el desistimiento ni la transacción.
· El impulso procesal se realiza por las partes y no de oficio.
Considera básicamente que el proceso no a pasado a ser inquisitivo en materia probatoria, como lo indican otros tratadistas (Devis Echandia), en lo que está de acuerdo es que el Juzgador sea activo pero tenga límites al ejercicio de sus poderes deberes.
LIMITES A LOS PODERES PROBATORIOS DEL JUEZ
a) Los hechos del proceso lo fijan las partes. Hechos controvertidos , verdad objetiva.
b) El saber privado del Juez.
c) La garantía del contradictorio.
d) El límite de la necesaria imparcialidad del Juzgador.

3. Hernando Devis Echandia: considera que corresponde a las partes iniciar el proceso formulando la demanda y en ella sus peticiones y desistirse de ella; y, además que corresponde a las partes solicitar las pruebas, sin que el Juez pueda ordenarlas de oficio. Siendo así corresponde a las partes la iniciativa en general y que el Juez debe atenerse exclusivamente a la actividad de estas, sin que le sea permitido tomar iniciativas encaminadas a iniciar el proceso ni a establecer la verdad para saber cuál de ellas tiene la razón en la afirmación de los hechos[23].
A su entender ninguno de los dos sistemas se aplica exclusivamente, por ello cuando se dice que un proceso es dispositivo, no significa que ese principio sea el único que deba gobernar ese proceso; en todos los sistemas legislativos se ha otorgado al Juez ciertos poderes mayores o menores, según sea el influjo del principio inquisitivo, y al mismo tiempo ciertas iniciativas exclusivamente a las partes, de manera que el Juez no pueda tomarlas en su lugar ( según el influjo del principio dispositivo).

4. Jorge Peyrano: citando a Goldschmidt que atribuye la paternidad del Principio a Göner quien refiere que equivale a señorío ilimitado de las partes tanto sobre el derecho sustancial motivo del proceso litigioso, como sobre todos los aspectos vinculados con la iniciación, marcha y culminación de éste[24]. Para Peyrano la adopción de un principio dispositivo intransigente y sin mácula trae las siguientes consecuencias, teniendo en cuenta que ellas son las antípodas del proceso inquisitivo:
a) Disponibilidad de la relación sustancial: el titular del derecho subjetivo transgredido goza de completa libertad para excitar la actividad del órgano jurisdiccional, como también, para que luego de ello decida, ad libitum, que cese el quehacer judicial. El demandado a su vez puede oponer las defensas previas , excepciones que considere necesarias, o renunciarlas. Los jueces no pueden ejercer su ministerio mientras no les es requerido.
b) Impulso procesal: Alsina decía el proceso es un organismo sin vida propia que avanza al tiempo que se construye; como corolario de ello Peyrano refiere que se otorga a las partes la concesión monopólica de la facultad de activar el desarrollo del proceso. Atribución exclusiva que genera el aforismo ne procedat iudex ex officio cuya consecuencia sería la consagración de la no perentoriedad de los plazos. Hasta aquí se tiene que toda actividad del oficio debe ser requerida por los litigantes; ejemplo la parte debe acusar rebeldía, no puede ser de oficio. Aquí funcionaría la carga procesal que no sólo estaría vinculada a la cuestión probatoria sino también al iter processus.
c) Actividad probatoria a cargo exclusivo de las partes: sólo las partes están habilitadas para proveer el material probatorio estándole vedado al oficio desarrollar esa tarea; se defendió es aposición sobre la base de que ello favorece la total imparcialidad del juzgador, lo que no es cierto por cuanto lo que se pretendía era cuestionar el incremento de facultades para el sentenciante. La cuestión se orienta a determinar que verdad es la que se busca y cuál es la que se logrará conocer, dependiendo del arbitrio de las partes tenemos que la verdad que se logre es al formal puesto que su obtención depende del irrestricto arbitrio de las partes. Wach, maestro del liberalismo procesal ha afirmado que la comprobación de la verdad no es el fin del proceso civil y no puede serlo. Ello es un resultado deseado pero no asegurado.
d) La Congruencia: el objeto de considerar este principio es frenar a todo trance cualquier eventual exceso de autoridad del oficio; consecuentemente debe existir identidad entre las partes del proceso, la materia, la pretensión, los hechos alegados y lo resuelto en la decisión; de no ser así se incurre en incongruencia, que puede ser 1) subjetiva; 2) respecto del material fáctico; y, 3) objetiva, que puede ser ultra petita o extra petita.
e) Incongruencia en la alzada: lo que tiene estrecha relación con el thema decidendum de la apelación que debe ser sobre lo que debe pronunciarse el ad quem, lo que actualmente estaría vinculado con el principio de limitación; asimismo se presenta la reformatio in pejus, o reforma en peor, prohibición del ad quem.
f) Recursos contra la Resolución Incongruente: la Corte Suprema Argentina ha declarado que la sentencia incongruente es una forma de arbitrariedad; siendo así cualquiera de las partes puede impugnar una decisión jurisdiccional.
g) Legitimación para impugnar dentro de un proceso dispositivo: Sólo los contradictores son hábiles para atacar una decisión de oficio (en nuestro ordenamiento procesal surge el problema con lo establecido en el artículo 194 del CPC, la prueba de oficio es inimpugnable).
El Principio de Autoridad, que implica el paso del juez espectador al juez director, esta compuesto por las facultades directrices conferidas al Juez por la norma procesal; según Díaz: no se trata de aumentar legislativamente los poderes al juez, sino de concebir al Juez como autoridad ...., no se trata de conceder al juez mayores facultades, que pueda o no utilizar a su libre arbitrio y sin que nadie le pueda, por su carácter simplemente potestativo, exigir que las realice, sino en atribuirle poderes deberes que le juez está constreñido a realizar independientemente de la rogación de las partes. Algunas manifestaciones del Principio de Autoridad las constituyen:
a) Las Medidas para mejor proveer.
b) Iuria Novit Curia: cuya aceptación se traducen la necesaria libertad con debe contar el sentenciante para subsumir los hechos alegados y probados por las partes, dentro de las previsiones normativas que rijan el caso; libertad que subsiste aún en el caso de que las partes hubieran invocado otras disposiciones.
c) Materia probatoria. Sistema de la prueba tasada, de la libre convicción o de la apreciación razonada y de la de reglas de la sana crítica.

5. Monroy Cabra: AL igual que Alvarado Velloso considera el tema como sistemas procesales; y además que según la posición que en el proceso se asigne al Juez y a las partes se va a determinar dentro de que sistema se encuentra el proceso, es decir dentro del procedimiento dispositivo o inquisitivo[25]. Las características del dispositivo son:
a) El Juez no puede iniciar de oficio el proceso;
b) El Juez no puede tener en cuenta hechos y medios de prueba que no han sido aportados por las partes;
c) El Juez debe tener por ciertos los hechos en que las partes estén de acuerdo;
d) La sentencia debe ser de acuerdo con lo alegado y probado;
e) El Juez no puede condenar ni a más ni a otra cosa que la pedida en la demanda.

6. Jairo Parra Quijano: El Principio dispositivo es aquél por medio del cual se confía a la actividad de las partes tanto el estímulo de la función judicial como la aportación de los materiales sobre los cuales ha de versar la decisión del Juez[26]. Se manifiesta en los siguientes casos:
a) Iniciativa de parte: el proceso sólo puede iniciarse a instancia de parte.
b) Disponibilidad del derecho material: iniciado el proceso el órgano jurisdiccional se encuentra vinculado por las declaraciones de voluntad de las partes, relativas a la suerte de aquel y tendientes a la modificación o extinción de la relación del derecho material en que se funda la pretensión. El demandado está facultado para allanarse a la pretensión. El Juez debe rechazar el allanamiento y ofrecer pruebas de oficio cuando advierta la existencia de fraude o colusión.
c) Delimitación del thema decidendum: sólo las partes pueden determinar el thema decidendum, limitando el Juez su pronunciamiento únicamente a lo que ha sido pedido por ellas (congruencia).
d) Aportación de los hechos: la aportación de los hechos en que las partes fundan sus pretensiones o defensas constituyen una actividad que les es privativa, está vedado al Juez la posibilidad de verificar hechos no afirmados por ninguno de los litigantes, salvo el caso antes comentado del fraude o colusión, máxime si lo pide un tercero.
e) Aportación de prueba: según el autor el juez tiene la obligación de investigar la verdad por los medios legales a su alcance, sin que la inactividad de las partes lo obligue ni lo limite a decidir sobre los medios probatorios que éstas lleven a los autos. El Juez tiene un rol protagónico en cuanto al tema probatorio.

IV. SISTEMA INQUISITIVO

1. Según Alvarado Velloso: En este sistema el proceso se inicia por acción (acusación) o denuncia de oficio; el impulso procesal es efectuado por el propio Juez; el acusado (o demandado) no sabe desde el comienzo quién ni porqué se le acusa (o demanda); el acusado puede no saber quién es el Juez; y, el proceso es secreto por lo que posibilita el tormento; esto es lo que básicamente a través de la historia se producía.
Actualmente nuestro Proceso Civil conserva parte de ese sistema en los siguientes aspectos: por ejemplo el Impulso Procesal de oficio impuesto como un deber del Juez; la Prueba de oficio que a pesar de ser facultad se ha tornado prácticamente como una obligación.

2. Enrique Véscovi: Relaciona el proceso inquisitivo más que nada con el proceso penal, señalando que reúne las siguientes características:
· La acción es ejercida por el procurador real (después el Ministerio Público), pero también es promovida de oficio por el propio Magistrado, a menudo luego de una denuncia secreta o aún anónima.
· El imputado carece de derechos, el Juez es el conductor del proceso y actúa inquisitivamente, investigando en forma directa y buscando la verdad, con frecuencia a través de la confesión y usando la tortura.
· La Jurisdicción es ejercida por magistrados permanentes, que representan al emperador, al rey o al poder público, y se admite la doble instancia.
· El acusado es sometido a prisión preventiva e incomunicación. Se le presume culpable salvo prueba en contrario.
· La prueba se supedita al sistema de tarifa legal; el proceso es secreto y escrito y no contradictorio.
· Aparecen el algunas etapas históricas institutos de perdón, gracias, indulto, etc.
Considera básicamente que el proceso no a pasado a ser inquisitivo en materia probatoria, como lo indican otros tratadistas (Devis Echandia), en lo que está de acuerdo es que el Juzgador sea activo pero tenga límites al ejercicio de sus poderes deberes, lo que se ha explicado ampliamente al desarrollar el sistema dispositivo en el aspecto de Limites a los Poderes probatorios del Juez.

3. Hernando Devis Echandía: El Principio Inquisitivo contrariamente a lo indicado para el Adquisitivo, el Juez adquiere un rol diferente:
a) Le da al Juez la función de investigar la verdad por todos los medios legales a su alcance, sin que la inactividad de las partes lo obligue ni lo limite a decidir únicamente sobre los medios que ellas le lleven o le pidan;
b) Lo faculta para iniciar el proceso de oficio; y,
c) Para dirigirlo con iniciativas personales.
Todos estos aspectos se han aplicado en los procesos penales, por cuanto se consideraba que sólo la comisión de delitos es lo que interesa al orden social ya que ateta contra él y lo quebranta, peor que el proceso civil no contiene una cuestión de interés general, lo que era un rezago del primitivo sistema de la justicia privada y del concepto de que en el proceso civil se discute una cuestión de exclusivo interés para las partes, frente al que el Juez sólo es un espectador y se limita a darle la razón al vencedor. Devis Echandía considera equivocada esta posición, por cuanto ejecutar justicia y obtener una sentencia que se acomode a la verdad y al derecho es una cuestión de interés social, por ende en el proceso civil moderno deben darse al Juez facultades especialmente en materia de prueba para decretarlas oficiosamente y con libertad, a fin de que la falta de iniciativa de las partes y las maniobras de estas no ahoguen su criterio ni burlen la administración de justicia, todo ello para hacer efectiva la lealtad procesal, la buena fe, la igualdad real de las partes, la economía y la celeridad del proceso, poniendo freno a las actividades dilatorias o dolosas de los litigantes. El autor cita como ejemplo de que en los países socialistas como la Unión Soviética se autoriza al Juez para separarse de la demanda y conceder lo probado y no pedido.
Algunos rasgos del sistema inquisitivo en el Proceso Civil colombiano y que también podría aplicarse en Perú son: el Juez declara de oficio su incompetencia, los impedimentos que tiene para conocer la litis, y las nulidades que afectan el proceso; así también la consulta al superior de los fallos que no fueran apelados por las partes, claro está en determinados casos; el impulso procesal de oficio y la facultad de decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para verificar la realidad de los hechos, evitar y sancionar el fraude procesal, impedir sentencias inhibitorias y hacer efectiva la igualdad de las partes. Entonces el aspecto primordial es el probatorio: será inquisitivo el proceso civil en el que le otorguen facultades oficiosas sobre pruebas al Juez, aún cuando se mantenga la necesidad de la demanda para iniciarlo (nemo iudex sine actore).

4. Jorge W. Peyrano: El Proceso inquisitivo obedece a dos órdenes de motivaciones, el primero de índole político, por cuanto todo gobierno quiere la colaboración de jueces políticos consustanciados con el régimen a los que se les pueda dotar de facultades irrestrictas que faciliten en desmedro de los derechos individuales el acceso a las metas prefijadas por el gobernante de turno, bajo el amparo de que es preocupación exclusiva del Estado el desarrollo del proceso. El segundo motivo está relacionado con el poco favor del que goza el sistema denominado liberalismo en la sociedad.
Los caracteres del sistema inquisitivo son:
a) El Estado a través dl órgano jurisdiccional o el Ministerio Público posee la facultad de promover acciones tendientes a satisfacer intereses de particulares.
b) Algunos actos procesales pueden hacerse valer de oficio por el tribunal, ejemplo la prescripción.
c) Intervención del Ministerio Público Fiscal.
El procedimiento inquisitorial se ha implementado sancionando normas aisladas que consideran el aumento de facultades del oficio, intervención del ministerio fiscal, indisponibilidad material y formal, etc.

5. Marco Gerardo Monroy Cabra: en este sistema el Juez debe investigar la verdad material, prescindiendo de la actividad de las partes. Por tanto, el Juez puede iniciar oficiosamente el proceso, decretar pruebas oficiosamente, impulsar y dirigir el proceso y utilizar cualquier medio que tienda a la búsqueda de a verdad.
El autor considera que el proceso civil moderno se orienta en el sentido de otorgar facultades al Juez para decretar pruebas de oficio y para impulsar el proceso. Considera asimismo que el proceso civil moderno es de interés público, tiende hacia la verdad real y la igualdad de las partes, exige demanda del interesado, prohibe al Juez resolver sobre los puntos no planteados e la demanda o excepciones, acepta que las partes puedan disponer del proceso, establece la libre valoración de la prueba, permite al Juez impulsar el proceso y decretar pruebas de oficio, todo lo cual pretende una sentencia justa. El otorgamiento de esas facultades al Juez es para lograr el fin del proceso que no es exclusivamente componer litigios entre particulares, sino lograr la aplicación de la justicia mediante la actuación de la norma abstracta al caso concreto, en orden a lograr la paz social y la plena realización del derecho.
Según el autor es en los procesos civiles modernos en los que se le concede al Juez facultades especiales, orientadas a los fines antes indicados, y el autor considera que en estos proceso aún subsiste el principio de la carga de la prueba, sin embargo el Juez puede decretar pruebas oficiosamente, lo cual no desvirtúa el principio dispositivo, sino que le otorga al juez facultades inquisitivas, pero únicamente en esta materia. Cierto que el Juez debe impulsar el proceso de oficio, pero las partes también deben procurar su desenvolvimiento. No es por tanto el proceso dispositivo puro, sino que s ele otorgaron al Juez facultades inquisitivas en materia probatoria, de impulso procesal, etc, orientadas a lograr la igualdad de las partes en el proceso, prevenir y remediar la deslealtad y el fraude procesal, todo ello en procura de la verdad, pero ello no lo hace inquisitivo. Sigue subsistiendo la diferencia entre el proceso penal que es inquisitivo y el civil que es dispositivo.

6. Franco Cipriani: Al conmemorarse cien años del Reglamento de Klein, hace un análisis que denota que ese reglamento era una norma procesal netamente inquisitiva que estaba en contra de la naturaleza dispositiva del proceso civil, al respecto tenemos algunos corolarios del reglamento en cuestión: el interés del legislador a que aquellos males sociales que son los procesos tengan una definición rápida, poco costosa y simple, posiblemente en una única audiencia, la necesidad de que el legislador no admita que el poder de conducir el proceso sea dejado en las manos de las partes privadas, y la exigencia, en fin de que el proceso sea oral y que el Estado a través del Juez asuma desde el principio la responsabilidad del funcionamiento del proceso y que vele por una individualización rápida de la verdad, exenta de complicaciones, el proceso será racional y conforme al concepto moderno de Estado sólo si la defensa del derecho consistirá efectivamente en la concesión de la asistencia del estado, no sólo con la sentencia sino desde la primera fase del proceso.
En el proceso de Klein el Juez no se limita a juzgar, antes bien administra y conduce el proceso desde el inicio hasta el final. Él a tal fin, cuenta con amplios poderes discrecionales, con la obvia consecuencia de no es más como en los ordenamientos liberales una marioneta que puede moverse sólo si las partes le tiran de los hilos, sino el director, el timonel el representante profesional del bien común, aquél a quien el legislador le asigna la delicadísima tarea de asegurar que en el proceso sean también satisfechos junto son los de las partes el también los más altos valores sociales.

VI. SISTEMA MIXTO
6.1. OPINION DE CINCO AUTORES
1. Según el autor Adolfo Alvarado Velloso expresa que no son exactas las afirmaciones que disposición e inquisición son sistemas incompatibles, por tanto, no es factible concebir racionalmente el sistema mixto. Al permitir la coexistencia incoherente de sistemas antagónicos, descartan per se la vigencia del debido proceso al establecer para un sin numero de casos simples procedimientos judiciales a los cuales se les adjudica la denominación de procesos. No cree que ello sea suficiente con alegría y buena voluntad un sistema filosóficamente erróneo, políticamente nefasto y jurídicamente inconstitucional.
2. Según Marco Gerardo Monroy Cabra refiere que, el proceso civil moderno es de interés público, tiende hacia la verdad real y la igualdad de las partes, exige demanda del interesado, prohibe al Juez resolver sobre puntos no planteados en la demanda o excepciones, acepta que las partes pueden disponer del proceso por desistimiento, caducidad, transacción y arbitraje, establece la libre valoración de la prueba, permite al Juez impulsar el proceso y descargar pruebas de oficio, todo lo cual pretende una sentencia justa.
3. Según el Profesor Juan Monroy Galvez no existe país en que alguno de los sistemas se presente químicamente puro a nivel normativo, es decir, en posición totalmente antagónica al otro
4. Según Jorge Carrión Lugo, refiere que revisados los ordenamientos procesales extranjeros y nacionales constata que no hay procesos puramente dispositivos o puramente inquisitivos.
5. Según Enrique Véscovi el moderno proceso civil ha pasado a ser inquisitivo, al menor en materia probatoria. En cuanto a la prueba la mayoría de autores colombianos sostienen que aquí rige el principio inquisitivo
6.2. CARACTERISTICAS
El sistema mixto ostenta caracteres propios de cada uno de los sistemas dispositivos e inquisitivos, y en los comentarios de los autores acerca de cualquier Código, es habitual que indiquen que es "predominantemente dispositivo con algunas pautas inquisitivas" o, por lo contrario, que es "fundamentalmente inquisitivo, con algunos rasgos dispositivos"; por otro lado tenemos que en las Exposiciones de Motivos de la mayoría de los Códigos procesales: como máxima virtud, se señala habitualmente que el respectivo cuerpo legal, "a la par que recepciona valiosas pautas dispositivas, no deja de recoger los no menos valiosos aportes del sistema inquisitivo", así tenemos, por ejemplo:
1. El proceso puede iniciarse por acción del interesado o por denuncia o de oficio.
2. El impulso procesal puede efectuarlo los procesados o también puede ser efectuado por el Juez.
3. El acusado o demandado puede saber o no saber desde el comienzo quien y por qué se lo acusa o demanda.
4. Las partes pueden o no saber quien es el Juez.
5. El proceso puede ser público o puede ser secreto.
6.3. EL SISTEMA MIXTO Y NUESTRO CODIGO PROCESAL CIVIL DE 1993
6.3.1 . INFLUENCIA DEL SISTEMA DISPOSITIVO EN EL PROCESO CIVIL
El proceso civil regulado por el Código Procesal Civil peruano, respondiendo a los postulados del sistema dispositivo, establece, por ejemplo, lo siguiente:
a) El proceso se promueve sólo a iniciativa de parte, la que invocará interés y legitimación para obrar (Art. IV, T.P., CPC). Excepcionalmente el Código permite promover el proceso civil al representante del Ministerio Público, tratándose del patrimonio de intereses difusos, sin que éste caso sea necesaria la invocación de algún interés o legitimación para obrar (Art. 82 CPC).
b) La demanda se presenta por escrito y contendrá: Los hechos en que se funde el petitorio, expuestos enumeradamente en forma precisa, con orden y claridad (Art. 424 inc. 6 CPC).
c) Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos hechos (Art. 196 CPC).
d) Si no se prueban los hechos se sustenta la pretensión, la demanda será declarada infundada (Art. 200 CPC).
e) La sentencia debe ser conforme a lo alegado y probado. La resolución definitoria debe contener: La relación correlativamente enumerada de los fundamentos de hecho y los fundamentos de derecho que sustentan la decisión, la que se sujeta al mérito de lo actuado y al derecho (Art. 122 inc. 3 CPC).
f) El juez no puede sentenciar más allá de lo pedido y decidir sobre algo no reclamado en la demanda. El Código consigna que el Juez no puede ir más allá del petitorio, ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes (Art. VII T.P. CPC).
g) Las partes pueden conciliar su conflicto de intereses en cualquier estado del proceso, siempre que no se haya expedido sentencia en segunda instancia (Art. 323 CPC).
h) El demandado puede expresamente allanarse o reconocer la demanda (Art. 330 CPC). El actor puede desistirse de la pretensión procesal (Art. 344 del CPC).
6.3.2. INFLUENCIA DEL SISTEMA INQUISITIVO EN EL PROCESO CIVIL
Todos los dispositivos legales anotados, inequívocamente han sido inspirados en los dictados del sistema procesal dispositivo, donde se evidencia los mecanismos para que las partes litigantes tengan dominio en gran medida sobre el proceso civil. Sin embargo este proceso ha recibido la influencia del sistema procesal inquisitivo, como se evidencia con las previsiones contenidas en los siguientes artículos.
a) La dirección del proceso está a cargo del Juez, quien la ejerce de acuerdo a lo dispuesto en este Código (Art. II T.P., CPC).
b) El Juez debe impulsar el proceso por sí mismo, siendo responsable de cualquier demora ocasionada por su negligencia (Art. II, segundo párrafo, T.P.,CPC).
c) Los medios probatorios deben referirse a los hechos y a la costumbre cuando esta sustenta la pretensión. Los que no tengan esta finalidad serán declarados improcedentes por el Juez (Art. 190, primer párrafo CPC).
d) Cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción, el Juez, en decisión motivada inimpugnable, puede ordenar la actuación de medios probatorios adicionales que considere convenientes (Art. 194 CPC).
e) El Juez puede disponer la confrontación entre testigos, entre peritos y entre estos, aquéllos y las partes y entre éstas mismas, para lograr la finalidad de los medios probatorios (Art. 290 CPC).
f) Finalmente el Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente (Art. VI, primer párrafo, T.P., CPC).
De Todo lo expuesto, sin lugar a dudas llegamos al conocimiento de que el proceso civil regulado por el nuevo Código Procesal es de carácter mixto, y en sentido de que ha recibido la influencia equilibrada de ambos sistemas procesales, lo que no ocurría en rigor con el proceso civil regulado por el Código de Procedimientos Civiles, en el que no se notaba una mayor prevalencia del sistema dispositivo.
Consideremos que éste equilibrio es saludable, ya que el Juez del papel eminentemente pasivo con que actuaba de acuerdo al derogado Código de Procedimientos Civiles, pasa a intervenir activamente en el proceso. Es que a esta concepción y esta caracterización del nuevo Proceso Civil concuerda con la corriente doctrinaria mayoritaria que preconiza que el proceso tiene por objeto la protección del derecho subjetivo y en su regulación debe tenerse en cuenta tanto el interés privado de los litigantes como el interés público en el mantenimiento del orden jurídico. El proceso se hace para la justa composición de la litis: su objetivo es la paz con justicia. Esta posición recoge también la posición de los postulados de las dos corrientes doctrinarias sobre el objeto del proceso, pues, por un lado adopta la tesis de la concepción privatistica, según la cual el proceso constituye un medio para satisfacer el interés individual de las partes y , por otro lado, la concepción publicística, según la cual el proceso constituye un instrumento para el restablecimiento del orden jurídico alterado por el conflicto. En este sentido, adhiriéndose a esta corriente, el nuevo ordenamiento procesal prevé que: el Juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivo los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta es lograr la paz social con justicia (Art. II T.P., CPC).
A criterio nuestro, estos son los sistemas que rigen en materia procesal, el dispositivo y el inquisitivo, sea el proceso civil, penal, laboral, etc.; Sistema que, como ya lo hemos explicado, no tiene influencia exclusiva en cada tipo de proceso y organización procesal. No debemos hablar por ello de proceso dispositivo puro y menos de proceso inquisitivo puro. A modo de conclusión, por consiguiente, debemos anotar que nuestra organización jurídica en materia procesal, para regular el proceso civil, recoge los postulados de los dos sistemas procesales examinados en forma equilibrada, por lo que debemos concluir que el proceso civil peruano se ubica dentro de un sistema mixto en el sentido que admite las orientaciones de los sistemas dispositivo e inquisitivo. El proceso civil peruano responde así a las exigencias del proceso civil moderno. Sin embargo, el estudio de los denominados principios procesales, y no solo la precisión de las normas jurídicas, nos demostrará lo que acabamos de anotar, estableciendo los postulados de uno y otro sistema que mayor influencia tiene en el proceso civil.
VII. CONCLUSIONES
7.1. SISTEMA O PRINCIPIO.
Sistema en materia procesal se entiende como aquel conjunto de normas, principios, e instituciones íntimamente vinculados y estructurados con relación al proceso como instrumento para el ejercicio de la función jurisdiccional. Principio se concibe como una idea fundamental, como directiva, como orientación, que inspira los procesos para, por un lado, estructurar las normas de procedimiento cuando se tiene que legislar y por otro lado, constituir verdaderos instrumentos de interpretación de dichas normas. En nuestra opinión se debe hablar de sistema ya que abarca un concepto más amplio, ya que los sistemas procesales responden a la concepción político jurídica que se tiene del proceso, como instrumento para la administración de justicia y se exteriorizan por la forma como se desenvuelven los procedimientos en los cuales tienen influencia y son regulados por los llamados principios procesales o principios formativos del proceso y por las denominadas garantías procesales.
7.2 PUEDE O NO COEXISTIR LOS DOS SISTEMAS. PODEMOS HABLAR DE UN SISTEMA MXITO.
En nuestra opinión creemos que si, ya que si bien es cierto, que los sistemas dispositivo e inquisitivo, son franca y absolutamente antagónicos y que no puede hablarse seriamente de una "convivencia" entre ellos, tenemos que aceptar que pueden alternarse en el tiempo conforme a distintas filosofías políticas imperantes en un lugar dado.
Para nosotros no existe un sistema puramente dispositivo o inquisitivo, por lo tanto, sí podemos hablar de un sistema mixto, ya que al hablar de un sistema mixto estamos siendo menos teóricos y contemplando los hechos que se suscitan en la realidad, y que al regirnos por uno u otro sistema estrictamente resulta ser inconcebible, además vemos que en el sistema mixto el papel que desarrolla el Juez es más activo.
7.3. SE DEBE OPTAR POR UN SISTEMA GARANTISTA
Las garantías procesales son derechos que se reconocen a favor de las partes para defenderse de la posible arbitrariedad en la que pueden incurrir los jueces, algunas de las garantías procesales son consideradas por algunos estudiosos como principios procesales. Por tanto, si se puede optar por un sistema garantista, ya que al consignarse las garantías de la administración de justicia la aplicación de la ley va a ser más favorable a los justiciables en caso de duda o conflicto entre las leyes. Las garantías regulan el proceso como instrumento jurídico eficaz para resolver los conflictos o dilucidar las incertidumbres de derecho, sirviendo entonces como elementos reguladores del proceso.




[1] Eduardo J. Couture, Introducción al estudio del proceso civil; Buenos Aires, Ediciones Desalma, 1978, pág. 16-17.
[2] No olvidemos la famosa Ley del Talión "ojo por ojo, diente por diente"
[3] Basta recordar el último atentado terrorista realizado en los Estados Unidos de Norteamérica, que tuvieron diversos objetivos, como fueron entre otros, las Torres Gemelas de New York .
[4] Juan Monroy Galvéz, Introducción al Proceso Civil, Tomo I, Santa Fe de Bogotá-Colombia, Ediciones Temis - De Belaunde & Monroy, 1996, pág. 1.
[5] Juan Monroy Galvez, ob. cit., pág. 1.
[6] Juan Monroy Gálvez, ob. cit., pág. 3.
[7] Juan Monroy Gálvez, ob. cit., pág. 4.
[8] Juan Monroy Gálvez, ob. cit., pág., señala como ejemplo bíblico el del Rey Salomón, resolviendo el conflicto entre dos mujeres respecto de la filiación. Al señor feudal, en la Edad Media, con el "derecho de pernada".
[9] Como lo señala Juan Monroy Gálvez (en la obra citada, pág. 5), … la función solución de conflictos ha sido, es y será interés preferente y exclusivo de quien ostenta el poder político, porque es expresión de poder en su forma más pura. A pesar de que la delegación de la función fue un acto necesario, el titular del poder central ha realizado, viene realizando y realizará -en la distintas sociedades- una serie de actos -algunos sofisticados y otros burdos- destinados a mantener o recuperar , según sea el caso, el control del sistema estatal de solución de conflictos, es decir, del servicio de justicia. A ello agrega Monroy, que, … cuando en la sociedades contemporáneas el poder político busca y a veces encuentra fórmulas legales (se reserva la elección de los jueces, restringe sus ingresos, no les da formación especializada, etc.) para mantener el control sobre la función jurisdiccional, solo está haciendo emerge subliminalmente la memoria histórica de los pueblos o el inconsciente colectivo….
[10] Juan Monroy Gálvez, ob. cit. pág. 5.
[11] Hugo Alsina, Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial; Buenos Aires, Ediar Soc. Anon. Editores, Segunda Edición, 1956, Tomo I, pág. 99.
[12] Adolfo Alvarado Velloso, Introducción al Estudio del Derecho Procesal, Buenos Aires, Rubinzal - Culzoni Editores, pág. 62.
[13] Hugo Alsina, ob. cit pág. 99.
[14] Marco Gerardo Monroy Cabra, Principios de Derecho Procesal Civil, Editorial Temis, 1988, pág. 37
[15] Jorge Carrión Lugo, Tratado de Derecho Procesal Civil, Lima Perú, Tomo I, pág. 17.
[16] Jorge W. Peyrano, El Proceso Civil. Principios y Fundamentos, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1978, pág. 51.
[17] Robert Wyness Millar, Los Principios Formativos del Procedimiento Civil, Buenos Aires, Ediar S.A. Editores.
[18] Adolfo Alvarado Velloso, Conferencia dictada en la Universidad Católica Santa María el 17 de julio del 2001, Arequipa, Perú.
[19] Adolfo Alvarado Vellos, Ob. cit. Pág. 62.
[20] Monroy Cabra, ob. cit. Pág. 38.
[21] Alvarado Velloso, introducción al derecho procesal; Buenos Aires, Rubinzal Culzoni Editores, 1997, pág. 61-64.

[22] Enrique Véscovi, Teoría General del Proceso, Colombia, Editorial Themis, segunda edición, 1999, pág. 44-49.

[23] Hernando Devis Echandia, Teoría General del Proceso, Buenos Aires, Editorial Universidad 1984; pág 28-32.
[24] Jorge W. Peyrano, El proceso Civil, Buenos Aires, Editorial Astrea 1978, pág. 51-70.
[25] Marco Monroy Cabra, Principios de derecho procesal civil, Bogotá Colombia, Editorial Themis, Tercera edición 1988, pág. 37-42.
[26] Jairo Parra Quijano, Derecho Procesal civil, Colombia, Editorial Themis, Tomo I pág. 1-3.